Víctor Manuel Pacheco. Endocrinólogo.
Presidente de la Comisión Nacional de Bioética en Salud.
La declaración de pandemia mundial de un brote de enfermedad infecciosa por el coronavirus SARS-COVID19, hecha por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, fue alarmante, pero inicialmente remota. Fue solo después, cuando la muerte se instauró en naciones y ciudades de nombres conocidos y cada vez menos lejanas, cuando vino la duda, el desconcierto, y el reconocimiento de las limitaciones para controlarla y de la dificultad para mitigar sus efectos, que se identificaron múltiples y de afectación a todos los órganos y tejidos del cuerpo social.
Y el miedo: ver venir el mal y sentirlo, olerlo, palparlo, cada vez más cerca. Temor que define Aristóteles como el trastorno causado por la imagen de un mal futuro cuando su desencadenamiento se piensa o se sabe inminente y cuando se cree que afectará a uno mismo o a las personas próximas. Y… ¿entonces?, ¿a quién, o a qué, pedir amparo, protección, defensa o auxilio?
La respuesta dependerá de las creencias y valores de cada uno y de los de la sociedad.
La cábala y alquimia en el pensamiento mágico, la oración protectora a dioses y santos en las teocracias mono o politeístas, la exigencia a la ciencia y a la Medicina en el pensamiento positivista de hechos verificables con el recurso del método. Y la demanda a quienes se supone que pueden o deben proporcionarnos el escudo: nigromantes y magos, sacerdotes e imanes, científicos y médicos. Y la exigencia distributiva de recursos administrados por la familia, la tribu, la congregación o el Estado.
El poder político creó el Estado para proteger al débil, quitar el miedo, desviar el peligro, y defender los derechos de las personas y las comunidades. En las circunstancias actuales el actuar ético del Estado debería ser parte integral de la gestión y manejo de la emergencia: las autoridades sanitarias y los profesionales de la salud serán los llamados a tomar decisiones de alto estrés moral para levantar salvaguardas o mitigar el miedo.
El valor fundacional que debe primar es la protección de la salud de las personas, con medidas basadas en las mejores evidencias científicas. Las medidas sanitarias deben incluir aquellas de reubicación de recursos, y basarse en los principios de justicia, deber de cuidado, deber de gestión honrada, transparencia, consistencia, proporcionalidad y responsabilidad. El gobierno y los proveedores de salud tienen el deber imperativo de dar en forma equitativa la mejor atención posible,
El principio rector en Salud Pública es el de justicia. Este incluye la distribución de recursos con criterios de equidad de acuerdo a las necesidades y urgencias que se presenten. En la asistencia sanitaria deben primar los principios de necesidad y uso racional.
La solidaridad debe asumirse como una obligación social y no como una actitud personal meritoria, favoreciendo la atención de quienes se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad.
Los derechos individuales a la libertad, a la salud y a la vida se enfrentan a las necesidades de la comunidad y de los demás, cercanos o no, en un conflicto claro del bien individual con el bien común. Los valores para su equilibrio incluyen la compasión, la responsabilidad para con el otro, la postergación y la lealtad.
A más del derecho a la libertad de movimiento por las medidas de salud pública –afectada por la cuarentena- se comprometen los derechos humanos negativos, entre otros: los de privacidad -afectados por las medidas de vigilancia y recopilación de datos asociadas con la alerta y detección temprana- y el debido proceso -como una audiencia imparcial-. Es entonces necesario que las autoridades justifiquen éticamente la adopción de esas medidas.
Es problemática también la tensión entre los derechos civiles y el principio de utilidad -mayor bien al mayor número- que es central para las intervenciones de salud pública y la realización o afectación de los derechos socioeconómicos, como el derecho al trabajo o a la salud.
En situación de pandemia es deber ético que tanto el sector público como el privado asuman compromisos para garantizar los derechos laborales de las personas, con especial atención para quienes hoy cuentan con contratos de servicios, a más de aquellos sin ninguna relación laboral. Todos requieren garantías de protección sanitaria y laboral para continuar recibiendo su sustento, sin afectar su posibilidad de supervivencia y de adquisición de competencias en condiciones de dignidad.
El principio de reciprocidad obliga a la protección extraordinaria de quienes tienen una carga desproporcionada de riesgo en relación con las medidas adoptadas para proteger a la comunidad en general, o quienes las ejecutan (sanitarios, cuerpos de seguridad del Estado, proveedores de bienes primarios). Si bien tienen la obligación ética y deontológica de brindar atención a los receptores de sus servicios, aunque ello suponga un alto grado de vulnerabilidad, no deben ser exigidos para que asuman riesgos que puedan evitarse mediante la adopción de óptimas medidas de protección, o cuando no exista ninguna posibilidad razonable de beneficio (curativo o paliativo) para la comunidad o las personas. A ellos, como deber ético, se les debe proveer los suficientes recursos físicos y económicos para su protección física y mental.
El previsible impacto catastrófico de la pandemia por COVID-19 obliga a exigir la adecuada y constitucional asignación de recursos al sector salud -mermados en los últimos años-, y a repensar en la necesidad de construir un real sistema de salud sólido, moderno, democrático, con capacidad para enfrentar las necesidades sanitarias de la población. Además, a diseñar medidas de contingencia que permitan proteger las poblacionales en situación de vulnerabilidad, con o sin la presencia de desastres o pandemias, y a incrementar la inversión que se hace en investigación y educación en salud no solo biomédica sino también de la determinación social de la misma.
Quizás la principal reflexión que podríamos tener -cuando la pandemia haya alcanzado niveles de contagio y letalidad en una meseta que no hemos definido cuál será- es la que deriva del miedo a infestarnos nuevamente del virus del olvido, al que somos tan susceptibles en el país, en la prevención y vacunación de los males orgánicos de la sociedad, y no solamente los de salud.