La salud no espera: el costo de seguir decidiendo tarde

Enrique Terán, MD, PhD

Profesor principal, Universidad San Francisco de Quito. Miembro de número de la Academia Ecuatoriana de Medicina y miembro activo de la Academia de Ciencias del Ecuador.

Hablar hoy del sistema de salud ecuatoriano no es un ejercicio retórico ni una discusión ideológica. Es una necesidad técnica y ética impostergable. Desde hace más de una década, el país opera un sistema fragmentado, crónicamente subfinanciado y vulnerable a la improvisación política, donde la distancia entre los derechos proclamados y la experiencia real de los pacientes se ha vuelto cada vez más evidente.

La Constitución de 2008 consagró el derecho a la salud y planteó un Modelo de Atención Integral con la atención primaria como eje articulador. Sin embargo, esa visión nunca llegó a implementarse de forma coherente y sostenida. El periodo de expansión entre 2008 y 2015 priorizó infraestructura, equipamiento y contratación de personal, pero dejó de lado elementos críticos para la sostenibilidad del sistema: planificación territorial efectiva, integración de redes, sistemas de información interoperables y evaluación sistemática del impacto sanitario de las inversiones realizadas. El resultado fue una expansión costosa, políticamente atractiva, pero débil en su diseño técnico.

Desde 2015, el sistema ingresó en una fase de deterioro progresivo. La reducción sostenida del presupuesto en salud coincidió con un colapso funcional de los procesos de compras públicas, caracterizados por rigidez normativa, judicialización recurrente y una preocupante opacidad operativa. El desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales dejó de ser un evento excepcional para convertirse en parte de la rutina asistencial. No se trata únicamente de falta de recursos, sino de un modelo de gestión que privilegia el cumplimiento formal del procedimiento por sobre la continuidad del cuidado y la seguridad del paciente.

Estas fallas estructurales se vuelven particularmente visibles en el abordaje de enfermedades catastróficas como el cáncer. En Ecuador, los retrasos entre la sospecha diagnóstica, la confirmación histopatológica y el inicio del tratamiento no responden solo a limitaciones clínicas, sino a deficiencias sistémicas. La ausencia de rutas oncológicas claramente definidas y compartidas entre el Ministerio de Salud Pública, el IESS y los prestadores complementarios genera variabilidad injustificada en el acceso, interrupciones terapéuticas y profundas inequidades territoriales. A ello se suma la débil incorporación de la evaluación de tecnologías sanitarias como herramienta vinculante para decisiones de cobertura, lo que expone al sistema a judicialización, uso ineficiente de recursos y tensiones permanentes entre necesidad clínica, disponibilidad financiera y presión social. En la práctica, el cáncer se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo un sistema fragmentado transforma una enfermedad tiempo-dependiente en una patología socialmente determinada por la capacidad —o incapacidad— institucional de responder de manera oportuna y sostenida.

La precariedad en la gestión del talento humano agrava este escenario. La inexistencia de una carrera sanitaria estructurada, con criterios claros de ingreso, evaluación y progresión, ha debilitado la capacidad del sistema para retener profesionales, especialmente en zonas periféricas. La alta rotación de autoridades, tanto a nivel ministerial como en la gestión hospitalaria, ha erosionado cualquier intento de planificación de mediano plazo y ha convertido la política sanitaria en una sucesión de decisiones reactivas y desarticuladas.

A estas limitaciones se suma un componente que no puede seguir siendo tratado como un asunto marginal: la corrupción estructural en el sector salud. Las denuncias reiteradas sobre irregularidades en compras públicas, especificaciones técnicas direccionadas y redes de intermediación ilegítima no solo representan un problema ético o legal; distorsionan la asignación de recursos, comprometen la calidad de los insumos y ponen en riesgo directo la continuidad de tratamientos esenciales. La corrupción en salud no es un daño colateral: es un determinante negativo de resultados sanitarios y una de las principales causas de pérdida de confianza ciudadana en las instituciones.

En este contexto, es necesario introducir una precisión relevante. La reciente aprobación, por parte de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, del informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer constituye un avance procedimental que debe reconocerse. Sin embargo, este paso no equivale a la aprobación de la ley, ni genera aún efectos jurídicos u operativos. El texto debe ser debatido y aprobado por el Pleno, eventualmente sancionado u objetado por el Ejecutivo y publicado en el Registro Oficial para entrar en vigencia. Hasta que ese proceso no se complete, el país sigue sin un marco legal plenamente operativo para ordenar la respuesta oncológica.

Más importante aún, incluso una eventual aprobación de la ley no resolverá por sí sola los problemas estructurales existentes. Sin definiciones claras sobre financiamiento sostenible, articulación obligatoria entre subsistemas, responsabilidades ejecutivas explícitas y mecanismos técnicos de evaluación y priorización, el riesgo es repetir una historia ya conocida: normas ambiciosas con implementación débil. Esta reflexión se extiende a otros frentes legislativos. La ley de enfermedades raras permanece sin avances sustantivos, perpetuando la improvisación y la judicialización del acceso a terapias de altísimo costo, mientras que el Código Orgánico de Salud continúa sin un horizonte claro de análisis y aprobación, postergando decisiones estructurales que ningún reglamento administrativo puede suplir.

El costo de estas demoras no es abstracto. Se expresa en diagnósticos tardíos, tratamientos interrumpidos, mayor presión financiera sobre el sistema y sobre los hogares, y en una ciudadanía que percibe —con razón— que la respuesta del Estado llega cuando el daño ya está hecho.

Si el país mantiene esta inercia, el escenario es predecible: aumento del gasto de bolsillo, profundización de inequidades, deterioro progresivo de la red pública y una dependencia creciente y desregulada del sector privado. La sostenibilidad operativa del IESS en su función sanitaria se verá cada vez más comprometida, con consecuencias directas para millones de afiliados.

Superar este punto muerto exige algo más que anuncios o avances parciales. Requiere una rectoría sanitaria técnica y estable; una integración funcional real entre MSP e IESS basada en redes asistenciales y rutas clínicas; un financiamiento que transite hacia presupuestos por resultados y proteja la continuidad de tratamientos crónicos y catastróficos; y una atención primaria verdaderamente resolutiva, apoyada en sistemas de información interoperables. Nada de esto será viable sin una estrategia seria y sostenida de transparencia y control que aborde la corrupción como un problema estructural del sistema de salud.

El diagnóstico está hecho desde hace años. La evidencia es clara. Lo que sigue faltando es la decisión de actuar con rigor técnico, responsabilidad política y sentido de urgencia. Cada mes de postergación no solo incrementa el costo económico del sistema, sino que profundiza un costo sanitario y social que el Ecuador ya no puede seguir normalizando.