Dr. Víctor Manuel Pacheco
Presidente. Comisión Nacional de Bioética en Salud
Múltiples factores acabaron por determinar en Ecuador, al 2023, un Estado fallido. Los propósitos del pacto social para la instauración del Estado aparecen como insatisfechos. Así lo evidencia la realidad y la percepción de la población, frustrada ante los decisores políticos. No se ofrece seguridad frente a los más fuertes y depredadores, ni frente a la amenaza a la integridad personal. No se cumple con la garantía de los derechos a la salud, a la educación, o al trabajo digno o a la seguridad social. Tampoco con el respeto al derecho a la igualdad y a la dignidad de las personas. Ni con el sometimiento igualitario de todos ante la Ley. A la fecha el país está abocado a un panorama confuso. En él se impondrá la dinámica y la seducción electoral que cautivará la intención y el ejercicio del voto.
Buscaremos la Arcadia utópica, idílica, igualitaria y equitativa. En la que tal vez se satisfaga el derecho a la salud. Y en la que sea un mal recuerdo la desigualdad e inequidad en la cobertura, medios y calidad de la atención sanitaria entre los distintos subsistemas de salud vigentes en los territorios y áreas el país, así como en los servicios públicos y privados que se ofertan en ellos, Sociedad ejemplar en la que tengan desarrollo de excelencia los programas de promoción y prevención. Y en la que el acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos no se corresponda con la realidad líquida de Baumann. En la que no sea un deseo inalcanzable el acceso igualitario a niveles satisfactorios o por lo menos de mínimos decentes de atención sanitaria, alimentación, vestido o vivienda. Desigualdades que se acentuaron en la etapa de pandemia por SARS-Cov 2, y que ahora, a riesgo de violencia, deberían corregirse. Para todos los ecuatorianos.
Sin salud no hay paz, seguridad, libertad, desarrollo económico y social. Pero también es cierto que sin ellos (libertad, seguridad, paz, desarrollo económico y social) no es posible la salud. Deja así de ser una característica de un individuo o de un grupo, para ser un valor en titularidad de los individuos y las sociedades, un derecho que debe abordarse dentro de un grupo humano que se exige como coautor y agente proactivo de la calidad de vida de todos. Así esta calidad y régimen de buen vivir es tarea del “todo” ya que a todos nos afecta.
En las propuestas de los candidatos a las renovables dignidades del ejecutivo y legislativo deberíamos exigir que se incorporen respuestas a las dudas no resueltas. ¿Cuál la responsabilidad social del Estado en la salud? ¿Cuál la responsabilidad y características de la participación del sector privado en el Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo se cumplirá con el principio de suficiencia en la determinación de las prestaciones y cartera de servicios que asegurarán el “mínimo decente” que garantiza el respeto a la dignidad de las personas? ¿Cuáles serán las prioridades con relación a la asignación y distribución de recursos? ¿Cómo será la participación decisora de la población, su modo de organización y control? Y cuál será la planificación y preparación adecuada de los recursos humanos necesarios. ¿Cuáles las recomendaciones desde el Estado para las transformaciones curriculares y conductuales en las universidades? Si se revisará, actualizará y renovará la legislación relacionada con la salud, Códigos Orgánico Integral y Deontológico incluidos. ¿Se instaurará una carrera administrativa sanitaria en todas las profesiones relacionadas? ¿Y los salarios? ¿Cuáles serán los procesos de control epidemiológico de las enfermedades con mayores índices de mortalidad y morbilidad, sean crónicas o agudas? Y ¿los de prevención frente a posibles nuevas y antiguas pandemias?
No debería ser pedir mucho que se hagan estas definiciones desde los presidenciables y los aspirantes a asambleístas. Declaraciones que deberían ser parte de la propuesta de construcción de un nuevo destino de nuestra comunidad, es decir de nuestra nación. ¿Será posible?