Pedro Isaac Barreiro Chancay
MSP- DM
A pesar de que han transcurrido cerca de cuarenta años desde que en el ámbito de la salud pública ecuatoriana comenzó a plantearse la necesidad de la creación de un Sistema Nacional de Salud, los resultados logrados hasta ahora no son satisfactorios, ni para la población, ni para los gobernantes de ese largo periodo, durante el cual los problemas de salud, no solamente se han incrementado y diversificado, sino que, además, se han contaminado con graves indicios de ineptitud de quienes deben controlarlos, deficiencias de los organismos de control y rampante corrupción en todos sus niveles.
Si partimos de la premisa de que el disfrute de una buena salud -tanto individual como colectiva- es una de las aspiraciones prioritarias de una población, se puede comprender la progresiva aparición y fortalecimiento de instituciones de diversa índole que, en todos los países y a través de la historia, han logrado acumular, depurar y desarrollar conocimientos y prácticas destinados a preservar la salud y a luchar contra la enfermedad, mediante intervenciones individuales y/o colectivas que, fortalecidas con el avance de la ciencia y de la organización social, explican, aunque de manera insuficiente, el panorama de la salud mundial en la actualidad.
Con algunas variaciones explicables debido a su entorno natural, a su dinámica evolución cultural y a su desarrollo histórico, el desarticulado proceso seguido por las instituciones con las que nuestro país ha pretendido enfrentar y resolver los problemas de salud de su población ha respondido a una multiplicidad de enfoques, de estrategias y de estructuras político-administrativas que no solamente no han logrado resolver tales problemas, sino que, además, han consumido recursos -siempre insuficientes-, han generado desacuerdos entre tales instituciones e incrementado la insatisfacción de los supuestos beneficiarios.
Han transcurrido ya 40 años, desde cuando en una decisión histórica, el Estado Ecuatoriano, recuperado políticamente de un largo periodo dictatorial, apoyado y a la vez presionado por su población, se obligó a desarrollar un enfoque sistémico para mejorar la situación de salud individual y colectiva de la población, mediante la construcción de un Sistema Nacional de Salud “con la participación de los sectores público y privado…”, que, en la realidad, recién comenzó a tomar forma en 1980, con la creación del Consejo Nacional de Salud (Decreto Ejecutivo Nº 56, RO Nº 124 de 80/02/08), que, curiosamente, fue sustituido por un nuevo decreto en enero de 1988 (Decreto Nº 3658 RO 861 de 88/0127). Como para ratificar la necesidad del sistema, en el artículo 45 de la Constitución Política de 1998, nuevamente se lee: “El Estado organizará un sistema nacional de salud que se integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector… “. Finalmente, recién iniciado el nuevo siglo, se ratifica la creación del Consejo Nacional de Salud, como una entidad pública con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, mediante la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, publicada en el Registro Oficial Nº 670 el 25 de septiembre de 2002.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados desde diferentes instituciones gubernamentales y organizaciones gremiales, comunitarias y poblacionales en general, el Sistema Nacional de Salud, cuya existencia y funcionamiento se da por descontado en el artículo 358 de la vigente Constitución de la República (2008), continúa siendo una desafiante utopía en permanente proceso de construcción; y el mejoramiento del nivel de salud y vida de la población, que ha sido y continúa siendo su finalidad, avanza a un ritmo incompatible con las necesidades existentes, debido a lo cual el derecho a la salud consagrado en la misma carta política parece cada vez más lejano, pues ninguno de los principios rectores que orientaron su creación (equidad, calidad, eficiencia, participación, pluralidad, solidaridad, universalidad, descentralización y autonomía) ha logrado materializarse plenamente.
Resulta urgente, por lo tanto, replantear la mayoría de estrategias hasta ahora puestas en práctica a fin de exigir y lograr la reactivación inmediata del Consejo Nacional de Salud, pues, a pesar de que su existencia está ratificada en una Ley Orgánica y en la propia Constitución de la República, hoy se encuentra reducido a una casi intrascendente oficina perdida en algún lugar de la frondosa estructura del actual Ministerio de Salud Pública. Es posible que entonces, por fin, se logre atender las crecientes necesidades y demandas de una población que a diario reclama sobre todo oportunidad, integralidad y eficacia en sus demandas de atención individual y colectiva, tanto en los ámbitos relacionados con la prevención de las enfermedades, cuanto en aquellos clásicamente denominados de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, en un ambiente de respeto a su dignidad y a sus procesos culturales.
PIB/2020/06/22
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