ACERCA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL IESS

Pedro Isaac Barreiro

Doctor en Medicina y Cirugía

Maestro en Salud Pública

El martes 12 de agosto de 2025, en su primera página, el diario Expreso empezó a publicar en grandes titulares, una preocupante información acerca de las “derivaciones” de pacientes desde las unidades de salud del IESS hacia hospitales y otros servicios de salud de carácter privado. El primer titular de tales publicaciones fue: “IESS, la gallina de los huevos de oro de clínicas privadas”, y en la página 2, en grandes letras, se resaltaba lo siguiente: “Los ‘dueños’ de la salud de los asegurados”. El segundo día, el titular de la primera página, fue: “Las fortunas privadas que el IESS ayudó a amasar”. El tercer día el titular fue: “Los huecos en el IESS por donde se disuelve el dinero”. Y los 2 días siguientes continuaron apareciendo titulares y artículos de gran interés en páginas interiores, vinculados con el mismo tema, sin que alguna autoridad de la Seguridad Social emitiera respuesta o comentario al respecto.

Entre los principales “receptores” de los pagos efectuados se detallaban algunas instituciones especializadas en enfermedades renales, y de éstas, las que proporcionan servicios de hemodiálisis, procedimiento indispensable para pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC), que, con preocupante frecuencia evoluciona hasta la Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT). De acuerdo con la información de Expreso, a esas instituciones se les ha pagado un poco más de 433 millones de dólares durante los 12 años incluidos en los mencionados artículos de prensa.

Ante este preocupante panorama, (que afecta no solamente a la población afiliada al IESS), caben, al menos, las siguientes reflexiones y preguntas:

1. En Ecuador existen alrededor de 19.300 personas con Enfermedad Renal Crónica Terminal que, por tanto, requieren Terapia de Reemplazo Renal, es decir diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. ¿Los servicios de salud públicos existentes, tienen capacidad instalada suficiente para atender a esa población?

2. Los pagos que realiza el IESS a los prestadores de servicios de salud privados están determinados en el “Tarifario de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud” y se efectivizan solamente luego de una auditoría que verifica que la derivación haya sido justificada, que las atenciones hayan sido prestadas y que el valor a pagarse haya sido examinado y aprobado por un equipo de auditores designado para el efecto. ¿Se ha demostrado que se están pagando cantidades superiores a las establecidas en el tarifario? En caso de que tal irregularidad se haya cometido, ¿se ha sancionado a los infractores?

3. De acuerdo con el Artículo 103 de la vigente Ley de Seguridad Social, el tratamiento de las enfermedades catastróficas será financiado con el aporte obligatorio de los afiliados y empleadores y la contribución obligatoria del Estado. ¿El IESS ha recibido esa “contribución obligatoria” que establece la Ley?

4. Entre los factores más frecuentes que conducen a la Enfermedad Renal Crónica Terminal se encuentran la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad. ¿Existen programas específicos para la prevención, y/o la detección oportuna de tales trastornos? ¿Hay programas masivos para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, para controlar su propaganda y para el control de la hipertensión arterial y el sobrepeso?

5. De acuerdo con los Artículos del 358 al 362 de la Constitución de la República, los responsables de la atención de la salud de toda la población, son los integrantes del Sistema Nacional de Salud, es decir: la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la Red Privada Complementaria. Lamentablemente parecería que el control del cumplimiento de las leyes y las obligaciones por parte de los prestadores de servicios de salud (públicos y privados) no ha sido suficiente, o ha sido vulnerado por la corrupción imperante en varios organismos públicos y privados de nuestro país. ¿El Gobierno Nacional y las demás instituciones y dependencias -públicas y privadas- creadas para ese control, están ejerciendo a cabalidad tales obligaciones y responsabilidades oportunamente?

6. Finalmente, para dimensionar mejor el problema resulta indispensable conocer cuánto de “los 8.000 millones pagados por el Seguro Social” fueron realmente utilizados y consumidos en las atenciones brindadas durante el periodo estudiado. Sin ese dato es aventurado y riesgoso emitir un juicio de valor que sustente las acciones necesarias para corregir las distorsiones existentes. La población tiene derecho a saberlo.

PIB/MSP

2025/0923