El fenómeno de El Niño y la salud en el Ecuador: proteger los avances, cerrar las brechas

Enrique Terán, MD, PhD

Profesor principal en la Universidad San Francisco de Quito, Miembro de Número de la Academia Ecuatoriana de Medicina, Miembro activo de la Academia de Ciencias del Ecuador y Miembro de Número de la Academia Hispanoamericana de Doctores.

Cuando hablamos del impacto del fenómeno de El Niño sobre la salud, solemos pensar en dengue, leptospirosis, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias. Sin embargo, antes de que aparezcan los pacientes existe una cadena de acontecimientos que favorece la enfermedad: se interrumpe el abastecimiento de agua, se deteriora el saneamiento, las familias abandonan sus viviendas y los servicios sanitarios se vuelven inaccesibles. Allí debería comenzar nuestra respuesta.

La magnitud de una emergencia depende también de las condiciones en que se encuentra la población. Una comunidad con agua segura, viviendas adecuadas y servicios de salud preparados tiene mayores posibilidades de afrontar sus consecuencias. Donde esas condiciones ya son precarias, las inundaciones profundizan vulnerabilidades que estaban presentes mucho antes de las lluvias.

Ecuador acaba de conocer un avance que merece reconocimiento. Según la tercera ronda de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil, la prevalencia en menores de dos años descendió del 19,3 % al 16,4 % entre los períodos 2023–2024 y 2025–2026. Esta reducción constituye una noticia alentadora y refuerza la necesidad de mantener las intervenciones dirigidas a la primera infancia. Al mismo tiempo, recuerda la responsabilidad de proteger sus resultados frente a una emergencia.

El desafío sigue siendo considerable. En menores de cinco años, la desnutrición crónica alcanza el 16,9 %, con una diferencia importante entre las áreas urbanas y rurales: 15,3 % y 20,5 %, respectivamente. Los promedios nacionales muestran una parte de la realidad; las brechas territoriales revelan dónde debemos intensificar los esfuerzos.

Estos resultados deben leerse también a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 plantea poner fin a todas las formas de malnutrición, y su indicador de retraso del crecimiento corresponde a menores de cinco años. La mejoría observada en los más pequeños es relevante, pero todavía tenemos un camino amplio por recorrer. Avanzar hacia una meta exige también asegurar que los logros se mantengan y lleguen a quienes enfrentan mayores desventajas.

El agua ocupa un lugar central en ese propósito. La Vicepresidencia reconoció recientemente 16 iniciativas de agua segura que, según la información institucional, benefician a más de 145.000 personas en 11 provincias. La participación de instituciones públicas, empresas, organizaciones sociales y juntas comunitarias demuestra que existen experiencias valiosas que debemos fortalecer, ampliar y proteger.

Frente a El Niño, la pregunta inmediata es cómo garantizar su continuidad. ¿Qué ocurrirá si una fuente se contamina, una instalación se inunda o se interrumpe la electricidad necesaria para tratar y distribuir el agua? La sostenibilidad de estos proyectos debe incluir su capacidad para funcionar durante una emergencia.

Una de las mayores paradojas de una inundación es que podemos estar rodeados de agua y, al mismo tiempo, carecer de agua segura.

Las aguas residuales pueden contaminar fuentes de abastecimiento y redes afectadas. El problema compromete tanto lo que bebemos como el agua utilizada para preparar alimentos, lavar utensilios y mantener la higiene. Recomendar el lavado de manos resulta insuficiente cuando las familias no disponen de agua y jabón para hacerlo.

La contaminación cruzada amplía ese riesgo. Los microorganismos pueden pasar entre aguas servidas, manos, superficies, utensilios y alimentos. Interrumpir esa cadena requiere condiciones materiales: abastecimiento seguro, instalaciones sanitarias funcionales y manejo adecuado de residuos.

Las metas de desarrollo sobre agua y saneamiento adquieren aquí un significado concreto. Su cumplimiento exige que los servicios sean seguros, accesibles y disponibles cuando se necesitan.

La existencia de una tubería o una instalación inaugurada no garantiza por sí sola esa protección.

El hacinamiento añade otra dimensión. Evacuar a una familia es indispensable, pero su protección debe continuar en el lugar que la recibe. Los albergues necesitan espacio, ventilación, servicios higiénicos y condiciones apropiadas para preparar alimentos. Su calidad debe evaluarse también por la salud y la dignidad que permiten preservar.

La continuidad asistencial merece igual atención. Un centro puede permanecer abierto y resultar inaccesible por la destrucción de una vía. Los planes deben prever cómo recibirán atención las embarazadas, cómo continuarán los tratamientos de personas con enfermedades crónicas y cómo se mantendrá la vacunación. El cierre de establecimientos y las dificultades para acudir pueden acumular oportunidades perdidas de inmunización y dejar poblaciones susceptibles a futuros brotes.

También necesitamos vigilancia y diagnóstico oportunos. Los antecedentes de dificultades operativas del INSPI, recogidos en reportajes periodísticos, justifican conocer qué capacidades están actualmente disponibles. Personal especializado, reactivos, equipos funcionales y transporte de muestras son componentes esenciales para detectar amenazas y orientar decisiones.

Estas capacidades se relacionan con los compromisos globales de alerta temprana y resiliencia frente a desastres. Evaluarlas exige comprobar si los planes tienen responsables, recursos y capacidad de ejecución. Una comunidad sin agua segura, un albergue sin saneamiento suficiente o una población aislada de su centro de salud ya requieren intervención, aunque todavía no se haya registrado un brote.

La responsabilidad es compartida entre el Gobierno nacional, los municipios, los servicios sanitarios y las comunidades. La preparación debe proteger los avances en nutrición y salud, cerrar las brechas pendientes y evitar que una emergencia revierta años de esfuerzo.

Nuestra verdadera preparación frente a El Niño se demostrará cuando el agua segura, la alimentación y la atención sanitaria sigan protegiendo a las familias precisamente cuando más las necesitan. La madurez de una política de salud pública se reconoce cuando cambian quienes la conducen y permanece la capacidad de cuidar a la población.