Pedro Isaac Barreiro
Doctor en Medicina, Maestro en Salud Publica
La devastación sufrida por Europa durante los fatídicos años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), entre cuyas consecuencias más deplorables se encuentra el gran sufrimiento experimentado por la población, determinó también, casi de manera paradójica, un extraordinario incremento de la preocupación por el impacto que el conflicto había ocasionado, no solo en la economía europea, sino también y especialmente en la salud de las personas de todo el planeta.
Fueron los representantes de Brasil y China quienes, en abril de 1945, durante la Conferencia Constitutiva de las Naciones Unidas, propusieron la creación de una organización internacional en la esfera de la salud, cuya Constitución se firmó el 22 de julio de 1946 y entró en vigor el 7 de abril de 1948, es decir hace ya 76 años.
En cada aniversario, esa organización, la Organización Mundial de la Salud, decide y difunde un tema acorde con sus objetivos permanentes, que, para este 2024 es: Mi salud, mi derecho, cuyo enunciado enfatiza “el derecho de todos, en todas partes, a tener acceso a servicios de salud, educación e información, así como a agua potable, aire limpio, buena nutrición, vivienda de calidad, condiciones ambientales y de trabajo decentes, y libertad de discriminación.”
Infortunadamente, declaraciones de esta amplitud, que involucran a grandes volúmenes de población, se transforman en una verdadera utopía cuando los recursos disponibles son insuficientes, mal utilizados o desviados para satisfacer otras necesidades y demandas de una población casi siempre mal informada acerca de sus derechos y de sus responsabilidades en el proceso colectivo que se requiere para la construcción y mantenimiento del bienestar de todos.
Si a todo ello se suma un enfoque epidemiológico estacionario y pseudocientífico para la formulación de las políticas de salud, en el que no se toman en cuenta variables indisolublemente ligadas a los modos de producción, a la creciente precariedad del trabajo remunerado, al deterioro del ambiente, a las graves limitaciones de acceso al sistema de educación -especialmente en el medio rural-, ni al azote de la corrupción y la subsecuente impunidad, los resultados seguirán siendo poco alentadores, y la inequidad en el campo de la salud, permanecerá como un sello distintivo de toda la región de la que formamos parte.
Ante las crecientes demandas de salud de la población, la respuesta habitual ha sido “la ampliación de la red de servicios de salud, la garantía del acceso a la atención profesional y la provisión de medicamentos”, a sabiendas de que tales componentes -necesarios, por cierto- no resuelven sino una mínima parte del grave problema. Las consecuencias derivadas de la malnutrición, la violencia, los accidentes de tránsito, el sedentarismo, el alcoholismo, el consumo de estupefacientes en general y la falta de control del expendio y uso inadecuado de productos farmacéuticos son, entre otros, factores que aceleran y profundizan los daños a la salud de las personas.
Las aceleradas transformaciones demográficas -especialmente aquellas derivadas de la prolongación de la vida; los cambiantes patrones epidemiológicos; el indetenible desarrollo de la tecnología aplicada al cuidado y recuperación de la salud; el incremento de las expectativas de la población y el aumento del número de personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, son, entre otros, los desafíos que las instituciones públicas y privadas responsables del bienestar de la población -no solamente los Ministerios de Salud- tendrán que enfrentar obligatoriamente y de manera coordinada para materializar, poco a poco, pero de manera irreversible, esa utopía que encierra el tema “Mi salud, mi derecho”.