Gabriel Ordóñez Nieto
Partieron desde sus casas, desde sus chozas con ventanas diminutas situadas en recónditos sitios de la serranía. Otros desde sus parroquias, caseríos o anejos poblados por indígenas y mestizos. Les dijeron que se trasladaban a Quito y que la asistencia era obligatoria pues en caso de no cumplir esta disposición de la dirigencia de la Conaie tendrían una multa en dólares, de diferentes montos. Convertidos en transeúntes de senderos polvorientos y chaquiñanes se juntaron con otros que también salían con ancianos, niños y mujeres. Accedieron a caminos de segundo orden o pavimentados, tomaron camionetas, buses o camiones y avanzaron sin saber mucho sobre los motivos de la marcha. Los convencidos de la utilidad del movimiento invitaron o forzaron a otros a sumarse para llegar a Quito en pos de algún reclamo colectivo. Les dijeron que el presidente había subido el precio de la gasolina y que eso era malo para todos porque subirían los precios de todo. Y así continuaron su camino, alimentándose de la olla colectiva y satisfaciendo necesidades donde se podía.
El grupo crecía y acompañado de entusiasmo y alegría avanzaban hacia la capital. Hasta aquí las cosas marchaban como en ocasiones anteriores y contaban con la simpatía, con el apoyo incluso, de numerosos grupos sociales.
Pero ocurrió algo inesperado para la mayoría, muchos perdieron la compostura y protagonizaron actos reñidos con el respeto y la consideración que se merecen quienes no deseaban integrarse y les obligaron a dejar sus trabajos bajo presiones y amenazas, cometieron abusos, asaltaron y destruyeron propiedades productivas de brócoli y flores e industrias de lácteos. No hicieron uso del derecho a la resistencia sino otra cosa. Estos actos fueron, aunque nadie lo sospechaba, un presagio de lo que se vendría cuando al parecer fueron infiltrados por terroristas, vándalos y políticos inescrupulosos y dogmáticos. Sobre los hechos posteriores se ha escrito mucho y no vale la pena volver sobre lo mismo.
No se debería en todo caso abandonar la investigación y sancionar todo cuanto deba sancionarse para mantener la buena salud del país y su democracia. Hay muchas evidencias de los excesos cometidos tanto por la fuerza pública como por los incendiarios, vándalos y secuestradores.
La Constitución obliga a conservar el patrimonio cultural y natural del país y cuidar y mantener los bienes públicos. Durante la movilización fue notoria la destrucción de calles, casas, edificios, semáforos, colectores de basura, instalaciones de agua y petroleras.
La dirigencia de los pueblos y nacionalidades indígenas (así les gusta ser llamados) aprovecharon la debilidad circunstancial del ejecutivo y de las otras autoridades del estado para alcanzar un diálogo con el presidente en presencia de la prensa hablada, escrita y de la televisión. Un error del gobierno habida cuenta del desgaste del primer mandatario y el erróneo manejo de su imagen pública.
Lo bueno fue la terminación de las protestas y el acuerdo alcanzado para consensuar un nuevo decreto. Lo último todavía es una promesa pues los dirigentes indígenas no acudieron a las reuniones y se dedicaron más a preparar, tras bambalinas, con apoyo de sus asesores alineados en la extrema izquierda, un plan económico alternativo el mismo que merece un par de comentarios:
1. No existe en la legislación ecuatoriana la figura de parlamento. La función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional y solo esta puede crear, modificar o suprimir tributos mediante leyes. Solo al Presidente de la República le corresponde presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país. Las peticiones sobre estas materias deberán esperar hasta que ganen las elecciones y gobiernen el país. Las urgencias económicas merecen otro tipo de medidas.
2. La Constitución prohíbe dirigir peticiones a nombre del pueblo. Los dirigentes de los
pueblos y nacionalidades lo han hecho de forma pública y reiterada.
Los exabruptos, insultos y amenazas proferidas por el presidente de turno de la Conaie a más de ser vigorosamente rechazados deben ser investigados al amparo de las disposiciones legales pertinentes. La pretensión de crear un ejército propio con elementos de sus comunidades es inconstitucional pues apunta, con toda claridad, contra la unidad territorial al invocar de manera solapada al fantasma de la secesión.
Demandar la acción de las fuerzas armadas y la policía en las fronteras para controlar el contrabando y el uso de combustibles en actividades narco delictivas es impracticable. El país tiene 586 km de frontera con Colombia, 1420 con el Perú y 2237 km de costa. Los hábiles y avezados contrabandistas y narco delincuentes encontrarán lugares para alcanzar éxito en sus actividades ilegales y perjudiciales para la economía nacional. Lo sensato es equiparar los precios con los vecinos e implantar inteligentes medidas compensatorias para los más pobres.
Nadie se opone a recuperar lo robado por los corruptos. Lo penoso es que se trata de un proceso largo y las necesidades del país son urgentes. No basta que la Conaie y la presidencia de la república firmen decretos o documentos para presentarlos a la banca suiza o de cualquier otro país para que de inmediato se devuelva la plata. Ilusos quienes creen que así funcionan las cosas a nivel internacional. Lo peor es que economistas formados en el exterior asesoran a los bisoños, pero atrevidos dirigentes encargados de amplificar estas ideas como soluciones inmediatas a las dificultades de financiamiento.
Crece de modo vertiginoso el rechazo a la prensa en general y en particular de medios televisivos, las acciones en este sentido iniciadas con fuerza en el régimen anterior han calado muy hondo en determinados sectores de la ciudadanía. Han surgido e instalado en las redes los medios y reporteros alternativos cuya credibilidad está por valorarse pues cargaron las tintas en lo que les convenía.
Esta situación lejos de apuntalar el mandato constitucional de buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior provoca abundancia de noticias falsas, incompletas, fotos trucadas, etc. En este punto parece muy justo demandar cumplimiento irrestricto de la constitución.
Apremia lograr, al margen de ideologías de derecha o de izquierda, acuerdos básicos, duraderos, inamovibles -salvo fuerza mayor- durante 3 o más períodos presidenciales en materias como: población, modelo económico, subsidios, deuda, educación y salud de calidad en todos los niveles. Es imperativo sentar bases firmes para sostener lo que se llama país.