Pedro Isaac Barreiro
Doctor en Medicina y Cirugía. Maestro en Salud Pública
Las declaraciones de los actuales mandatarios del Ecuador vuelven a dar vida a un permanente y creciente anhelo de la mayoría de nuestra población en cuanto se refiere a sus necesidades de salud, ahora incrementadas por los sufrimientos derivados de una epidemia que, en pocos meses, se expandió por todo el planeta, y que ha puesto a prueba la organización y la eficacia de las instituciones y los servicios de salud -tanto públicos como privados- para controlarla
Son tantos los factores que inciden en la salud -y por tanto en el bienestar de la población-, que intentar enfrentarlos simultáneamente a todos es, en la práctica, una tarea casi imposible. Si a esto se suma la corrupción rampante y la ya tradicional insuficiencia de los recursos estatales destinados a ese fin, fácilmente se comprenderá el enorme desafío que los gobernantes deben asumir frente a las crecientes demandas de la población. De ahí la necesidad de definir, técnicamente, y con la participación de la comunidad, las acciones prioritarias que deben ejecutarse en el ámbito de la salud.
Unas cuantas interrogantes pueden ayudar a identificar las prioridades de intervención ante la gravedad de la situación actual. Por ejemplo, ¿qué es más importante?, ¿destinar más recursos para acelerar el proceso de vacunación para controlar la epidemia del coronavirus o, atender el preocupante problema de desnutrición, sobre todo infantil, que afecta el desarrollo integral de nuestros niños y compromete su exitosa inserción en un mundo cada vez más competitivo? ¿O asignar la mayor parte de esos recursos para atender la creciente incidencia de enfermedades catastróficas registradas en los informes epidemiológicos? ¿Atender la justificada demanda de mejores condiciones de trabajo y de mejores salarios para todos los trabajadores -profesionales y no profesionales- del sector salud, o incrementar el rubro de inversiones para optimizar la capacidad instalada (equipamiento, sobre todo) en los servicios de salud? ¿Extender la red de unidades de salud del primer nivel con equipamiento y personal idóneo, para asegurar su capacidad de resolver los problemas de salud de mayor incidencia, aliviando así la creciente demanda observada en las unidades de segundo y tercer nivel? ¿Será conveniente reducir parte de los recursos asignados a cualquiera de los problemas anteriores para destinarlos a mejorar la calidad del agua para consumo humano, al mejoramiento de las viviendas, al cuidado de la salud ambiental o a la lucha contra viejos problemas endémicos como el dengue, la tuberculosis o el paludismo?
Como el listado de preguntas podría extenderse ad infinitum, para tomar tan difíciles decisiones es indispensable garantizar que el ente rector de la salud cuente con personal idóneo de elevada formación académica, no solamente en las disciplinas y ciencias tradicionalmente vinculadas con la salud y la enfermedad, sino, y sobre todo, de comprobado comportamiento ético y amplio conocimiento de los procesos culturales de nuestra población para, sin interrumpir las acciones y estrategias de intervención en curso (lo cual sería inaceptable), diseñar, no un “modelo” sino una nueva forma de abordaje oficial a los tan complejos problemas de la salud y la enfermedad.
Iniciar este proceso -que puede parecer una utopía- requiere de la voluntad política de los gobernantes y el concurso de universidades, gremios, autoridades seccionales, organizaciones sociales, etc., pero sobre todo, de una simbiosis urgente entre los ministerios de salud y de educación, pilares fundamentales en la construcción de un nuevo pensamiento, no sometido a los paradigmas fuertemente vinculados al mercado, que han logrado sembrar con gran éxito la idea de que la salud se mantiene y se recupera solamente cuando se tienen a la mano medicamentos (“remedios”) y hospitales.
La toma de decisiones con respecto al mejor uso de los escasos recursos disponibles se vuelve más complicada cuando a lo descrito se suman componentes de la macro política gubernamental como los siguientes:
Frondosa y compleja estructura orgánica del Ministerio de Salud, con 2 Viceministerios; 5 Subsecretarías; 5 Coordinaciones Nacionales y 41 Direcciones Nacionales que, en conjunto, dificultan la oportuna toma de decisiones frente a los acuciantes problemas de salud de la población.
Debilidad política de los representantes del sector salud para recuperar la vigencia y poner en funcionamiento, tanto el Sistema Nacional de Salud (SNS) como el Consejo encargado de concertar la aplicación de la política nacional de salud, organismos creados en 1980, y cuya vigencia se ha ratificado en varias ocasiones a través de Leyes Orgánicas y en las constituciones de 1998 y 2008.
Manifiesto desinterés o falta de idoneidad del órgano legislativo para construir un cuerpo de normas (NO un enorme y paradójicamente insuficiente Código) destinadas a promover y preservar el bienestar de la población y a garantizar su atención en caso de enfermedad, mediante el concurso obligatorio y coordinado de todas las instituciones (públicas o privadas) y organizaciones sociales que integran el sector de la salud.
Finalmente, ante la gravedad de la situación, se requiere de un profundo análisis técnico en el que, en el momento de tomar decisiones se incluyan parámetros cuantificables muy precisos, como la trascendencia del problema, su extensión, su vulnerabilidad, la estimación del costo de la intervención necesaria para enfrentarlos y, por supuesto, la garantía de que se contará con los recursos financieros para hacerlo.
Ese es el desafío.
2021/06/22