INDIGNACIÓN

Dr. Víctor Manuel Pacheco

Academia Ecuatoriana de Medicina, Redbioética UNESCO, Taller de Historia de la Salud– Universidad Andina Simón Bolívar, Asesor del Consejo Consultivo de la Red Bioética UNESCO

La salud conceptuada por la Organización Mundial de la Salud como “estado de completo bienestar físico, mental y social” debe ser entendida como la condición fundamental e imprescindible para que las personas puedan vivir una vida digna, que permita la oportunidad real de intentar el cumplimiento de su proyecto vital y su desarrollo pleno y feliz, individual y social.  Y no solo como ausencia de afecciones o enfermedades.

La salud es proclamada como un Derecho Humano en el art. 25.1 de la Declaración Universal y es reconocida como tal por la Constitución Política del Ecuador, en sus artículos 3 y 32, así como por la Ley Orgánica de Salud en vigencia que señala a la salud como “un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado”. La Constitución además reconoce como servicio público a la asistencia sanitaria y garantiza que los servicios públicos estatales sean universales y gratuitos incluidos los medicamentos en todos los niveles de atención y que aquellos servicios deben ser seguros, de calidad y calidez.

La salud pública debe entenderse como las acciones de la sociedad, del Estado y de su gobierno para proteger, promover, mantener, recuperar y restaurar de ser el caso, la salud y el bienestar de las poblaciones. Pero también su actividad debe direccionarse a la atención completa e integral de cada persona.

Por propia declaración -y en concordancia con la Constitución- el Ministerio de Salud Pública de Ecuador es la Autoridad Sanitaria Nacional que debe garantizar el derecho a la salud de la población. Como ente rector es la institución referente de todo el Sistema Nacional de Salud de una atención sanitaria de calidad, inclusiva y equitativa, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

¿Cuáles son los hechos conocidos en referencia a la situación de la salud pública en el Ecuador de abril de 2026?

En la Proforma Presupuestaria se consideró para 2025 una asignación teórica de 4798 millones de dólares, pero a finales de noviembre la ejecución presupuestaria era solo del 45%. En el papel el presupuesto teórico para salud establecido por la Asamblea para 2026 fue de $5136 millones. Otros datos contradictorios, recogidos por un medio electrónico, señalan que el presupuesto del Ministerio de Salud pasó de 3219 millones en 2023 a 2798 en 2025.

Y aún hay más en esta área económica. Se conoce de deudas acumuladas del Estado a los proveedores externos de servicios de salud -algunos vitales- que por ello los limitan o suspenden. Y persisten fallas, deformaciones y perversiones en los procesos de compra y distribución de medicamentos e insumos, que además han demostrado tener conocidas metástasis de corrupción mafiosa -puntuales y nacionales- denunciadas por la sociedad civil a través de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Desabastecimiento, doloroso en las unidades del Sistema Público de Salud y mayor en las zonas de “conflicto interno”, de insumos y medicamentos tanto básicos como de especialidad en todos los niveles de asistencia, siendo probable que el acceso a ellos se dificulte por las actuales circunstancias de política internacional de confrontación con los proveedores habituales.

Vacío de liderazgo en la oficina central del Ministerio de Salud y desconcierto en la elección de la máxima autoridad: 7 ministros desde noviembre 2023, la asignación de su gestión por meses a una empresaria del área textil y una última designación con varios cuestionamientos, algunos por posibles conflictos de intereses señalados por Anticorrupción. En ningún caso -que se conozca- los designados y posesionados tienen formación de excelencia o experiencia positiva en el manejo de la Salud Pública.

Eliminación de la Comisión Nacional de Bioética que tenía la competencia de estructurar opiniones y criterios acerca de problemas éticos, jurídicos y sociales relacionados con las ciencias de la vida en los aspectos relacionados con los principios de dignidad, derechos, seguridad y bienestar. Fue un órgano colegiado, interdisciplinar e independiente de los gobiernos y libre de contaminación con políticas partidistas, hoy desaparecido.

Modificación del patrón epidemiológico con mayor carga de las enfermedades crónicas no transmisibles, casi todas prevenibles, y oncológicas, casi todas detectables tempranamente. Y amenazas coyunturales y estacionarias por brotes de enfermedades tropicales y alertas de brotes de infecciosas en naciones limítrofes y cercanas, que se pensaba erradicadas, previsibles, prevenibles y controlables.

Descuido, cuando no abandono por años, de varios programas de prevención y promoción de la salud. Ejemplos son el control de los desórdenes por deficiencia de yodo y el empantanamiento de la nueva normativa de etiquetamiento de alimentos procesados, ya lista y aprobada por instancias internacionales y por consulta pública e institucional.

Deterioro de infraestructura física de hospitales y centros de salud, y de sus condiciones de equipamiento, bienestar y funcionamiento material.

Déficit de recursos y talento humanos en el sistema público: de enfermería, y de médicos generales, familiares y especialistas. Más notable en zonas marginales y rurales, obedecería a recortes económicos, condiciones laborales adversas cuando no de riesgo personal, frustración vocacional y, desde pocos días atrás, por precipitadas desvinculaciones justificadas en forma insuficiente de 1200 funcionarios. Mientras, contradictoriamente, desde varios frentes se pregunta por la graduación masiva sin planificación estatal de médicos generales, y la falta de planes de formación de especialistas. Responsabilidad no cumplida por las instituciones estatales que regulan la educación superior: CES, SENESCYT, CACES; alguna de ellas ya extinta y fusionada al Ministerio de Educación.

Listas de espera -de hasta meses- para procedimientos y atención médica, que acaba por determinar que el acceso a los procesos de recuperación de la salud dependa cada vez más de la capacidad económica del paciente, profundizando desigualdades e inequidades. Además de provocar sobredemanda a las empresas aseguradoras y de medicina prepagada no suficientemente controladas, que descargan el estrés financiero en sus afiliados con exigencias burocráticas no siempre lógicas o técnicas.

Estos hechos definen una crisis estructural que no cumple el carácter de “momentánea” que le asigna el Diccionario de Uso del español de María Moliner, sino que adquiere el carácter de permanencia desde años atrás, estableciendo una nueva categoría: “Crisis crónica”. Y señalan culpables del desastre: quienes por Ley y obligados por la Constitución deberían ejercer la rectoría y definir y promulgar políticas nacionales de salud; implementar programas de atención integral; regular y vigilar la aplicación de normas para la detección, prevención, atención integral y oportuna, y rehabilitación de enfermedades, discapacidades y problemas de salud prioritarios; aplicar,  formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad; entre otras múltiples responsabilidades no satisfechas del Ministerio de Salud Pública.

¿Cuál debe ser la respuesta ante este cuadro?

¡Indignación!

Es en la administración de la salud pública dónde se debe considerar la organización, planificación y dirección de acciones para proteger y mejorar la salud de toda la población. Son áreas clave: la disponibilidad de recursos y presupuestos adecuados a las necesidades y la voluntad política y ética para otorgarlos y ejecutarlos; el diseño de estrategias y programas que aseguren el acceso a los servicios sanitarios que reduzcan las desigualdades e inequidades; la prevención y promoción de la salud; la vigilancia epidemiológica. También el aseguramiento de atención sanitaria de calidad y calidez por la administración óptima y honesta de hospitales y centros de salud –no entregados como cuota política- así como de su personal, y la garantía efectiva de disponibilidad y acceso a medicamentos y equipos. La gestión de la política de salud pública también debería contemplar el control de riesgos y salud ambiental, y la planificación y actuación frente a emergencias sanitarias, desastres naturales y crisis de diverso tipo. 

Pero… ¿qué podemos hacer?

¡Indignarnos!

Libres de la coyuntura electoral de próximas votaciones y frente a circunstancias que ahogan la salud pública y de la comunidad, quienes somos médicos debemos acogernos a la Promesa de Fidelidad Profesional y al Juramento Hipocrático que hicimos al graduarnos, de dedicar la vida al servicio de la humanidad y de velar ante todo por la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Debemos ser los primeros en movilizarnos como “sociedad civil” para exigir nuestros derechos a la vida, a la dignidad y a la salud. Y dirigir a nuestros pacientes en esa dirección. Así pues:

¡Indignémonos!

Y vigilemos que se cumplan nuestras exigencias por la salud de los ecuatorianos.