¿EL RETORNO DE LOS OPAS?

Dr. Víctor Manuel Pacheco

Endocrinólogo. Coordinador Nacional – Focal Point, Iodine Global Network (IGN-ICCIDD).

Ex Presidente Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología.

40 años atrás, en 1984, el Estado ecuatoriano, con la asistencia y asesoría técnica de la Cooperación al Desarrollo del Reino de Bélgica, estableció como políticas nacionales de salud pública el control de la adecuada yodación de la sal para consumo humano, y la comunicación transparente y de acceso público no restringido a los resultados de los procesos de control del bocio y cretinismo endémicos.  La historia de estas políticas públicas, hoy con indicios de agonía y extinción desde 2022, se inicia en 1917 con puntos de inflexión en 1949, 1968 y 1987.

A lo largo de la primera mitad del siglo pasado investigadores ecuatorianos, bajo el compromiso social de la medicina, señalaron el acuciante problema del bocio y cretinismo endémicos en la población de la sierra ecuatoriana. Entre los primeros Espinoza en 1917, Bustamante y León en 1930. Sánchez encontró en 1933 bocio en 55% de pobladores de caseríos de Cotopaxi; Villacís 44% en Mulaló; en 1934 Pablo Arturo Suárez 70% en caseríos de Pichincha e Imbabura, Santiana en 1944 reportó bocio en el 22.5% en poblaciones de la ceja oriental y de 8.5 en ciudades de la sierra. Su relación con la deficiencia de yodo en la alimentación se había identificado en la región desde tiempo atrás, en 1849, por Boussingault. Con evidencia en estos hechos, en 1949 el interés por el bienestar de la población del Dr. Villacís como legislador, del Dr. Tello Mercado como Ministro de Previsión y de Galo Plaza como Presidente llevó a la creación de la Comisión Nacional del Bocio, encargada por ley de proveer y almacenar la suficiente cantidad de sal yodada para su distribución a los Estancos de las zonas afectadas. Resultado: intento fallido.

Investigaciones posteriores señalaron la persistencia de prevalencias elevadas de bocio. Entre otras: las de Sacoto en 1950 63.6 % en Azuay y Cañar; la del Instituto Nacional de Nutrición en 1959 33% en la Sierra total; Fierro y Recalde en 1960 34.7% en la Sierra en general y 44.5% en la Sierra Norte. Y en comunidades andinas la presencia de importantes porcentajes en la población general, hasta el 8%, de personas identificadas como deficientes mentales o cretinos, en lenguaje popular de “angelitos”, “inocentes”, u “opas” en términos aquichuados. Estas evidencias, y la presión académica de los endocrinólogos, determinaron que en 1968 se expida la Ley 075 CL que estableció la obligación de la yodación de la sal para consumo humano y la obligación de la Función Ejecutiva para su aplicación y control. La ley por sí misma también terminó en fracaso.

Estudios realizados en 1970, 1977, 1978, y 1983 mostraron prevalencias de bocio en la población general de la Sierra de hasta un 36.5% y niveles de yodurias en escolares de 49 y 52 microgramos, menores al mínimo óptimo esperado de 100, a pesar de la supuesta vigencia de la ley 075 CL. Investigaciones diversas demostraron además yodación inadecuada de la sal en cerca del 20% de las muestras, y consumo de la sal pseudoyodada por tan solo el 52% de la población, cuando lo óptimo sería de solo el 5% y de más del 90% respectivamente. Estos hechos impulsaron a que, bajo la iniciativa privada de la Fundación Ciencia, se estableciera en 1984 el Convenio de Asistencia Técnica Bilateral con el Reino de Bélgica que desarrolló el Programa de Lucha Operacional contra el Bocio y el Cretinismo Endémicos. El Informe Final del Programa Piloto, en 1987, mostró resultados positivos con disminución de la prevalencia de bocio en la población general y en escolares al 3%. Se decidió entonces la implementación nacional del Programa -dirigido al control sistemático de la yodación de la sal, a la promoción de su consumo y a la investigación de los efectos biológicos de las mismas- y la rendición anual de cuentas por la comunicación transparente y pública de los resultados de ese control a través de los indicadores de proceso (niveles de yodo en sal a nivel de fábrica y expendio, y consumo) y de impacto (yodo en orina, bocio, hipotirodismo neonatal).

El Programa primero y luego las dependencias del Ministerio de Salud Pública, cumplieron con la política de salud pública, en forma total hasta 2017 y en forma parcial hasta octubre 2022. Entre 1987 y 2005 la prevalencia de bocio en escolares fue menor al 5%, ratificada en 2005 por la investigación transnacional Thyromobil, las yodurias en el lapso hasta 2019 fueron mayores al mínimo recomendado de 100 mcgs/dL, y la prevalencia de hipotiroidismo congénito de 1 en 3000 nacidos vivos. Datos que indican el control de la deficiencia de yodo y del bocio endémico como problemas de salud pública. Desde 2022, y a pesar de la insistencia del IGN y de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, no se conoce si se está controlando la adecuada yodación de la sal, si se está analizando las yodurias en escolares y en mujeres embarazadas, tampoco los índices de hipotiroidismo congénito y, mucho menos, la prevalencia de bocio y cretinismo endémicos. 

En el Informe del 2022 se observó la ausencia actualizada a esa fecha de algunos datos necesarios para la evaluación del estado nutricional del yodo, por ejemplo, la producción anual de sal yodada, que el último reporte nacional de yoduria de los escolares era de 2017 y la inexistencia de datos de embarazadas. También que algunas de las sales en venta en el país no cumplían con el contenido de yodo exigido reglamentariamente. Y, lo que es más: que a esa fecha el país no contaba con facilidades de laboratorio para la determinación de yodo en orina.

No se conoce cuál fue la respuesta correctiva del MSP y ARCSA a estas circunstancias.

Las investigaciones realizadas sobre la deficiencia de yodo, incluidas las realizadas en el país por el grupo de Fierro-Benítez, demuestran que un aporte insuficiente de yodo por pocas semanas en el primer trimestre de embarazo puede afectar, a la baja, los cocientes intelectuales de los hijos, afectando las diversas áreas de desarrollo mental. Para prevenir el desastre biológico es necesario el control estricto –horario, diario y semanal- de la yodación adecuada de la sal y del acceso de la población a esa sal, y la determinación periódica del contenido de yodo en la orina de escolares y embarazadas. Sin ese control, y la comunicación transparente y pública de los resultados obtenidos ¿se anunciará el retorno de los opas? Grave responsabilidad del Ejecutivo, del Ministerio de Salud Pública y del ARCSA.