Pedro Isaac Barreiro
Doctor en Medicina y Cirugía
Maestro en Salud Pública
El 17 de mayo de 2023, mediante Decreto Ejecutivo N° 741, el señor Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza dio comienzo a una inédita etapa de la historia política de nuestro país en la cual, la disolución de la Asamblea Nacional, prevista en los artículos 130 y 148 de la Constitución de la República, fue el punto culminante de un periodo gubernamental que, en el ámbito de la salud, debió enfrentar desde su inicio, la proliferación y difusión de innumerables, falsas y contradictorias noticias que, con respecto a la pandemia por coronavirus, iniciada dos años antes, mantenían atemorizada a la población, sobre todo por el inusual número de fallecimientos atribuidos a la, en ese entonces, poco conocida enfermedad.
La irrupción en nuestro país, en marzo de 2020, del brote epidémico ocasionado por el SARS-Cov-2, un casi desconocido virus de alta transmisibilidad, virulencia y letalidad, puso en evidencia la debilidad de nuestras instituciones sanitarias para proteger la salud de su población, y debido al pánico que sembró, resquebrajó profundamente la declinante confianza depositada en esas instituciones, víctimas también de otras igualmente letales, poderosas e incontrolables epidemias: corrupción e impunidad.
Los numerosos -y aparentemente desacertados- cambios de ministros de salud producidos durante el gobierno del señor Lenin Moreno (6 en total), se sumaron a otros perniciosos factores que no solamente volvieron caótica la situación epidemiológica y profundizaron los daños a la salud de la población, sino que facilitaron su expansión, e imposibilitaron su control. De entre esos otros factores, se pueden mencionar, simplemente como ejemplos, la incontenible proliferación de mensajes e informaciones contradictorias acerca del virus y del manejo de los enfermos; la dificultad para la adquisición de vacunas; la avalancha de propaganda pseudocientífica en contra de las mismas; la comercialización indiscriminada de productos farmacéuticos, brebajes, antiparasitarios, etc., que “curaban” a los enfermos. Y, el peor de todos, el abominable negocio surgido alrededor de la provisión de mascarillas, guantes, desinfectantes, pruebas para diagnóstico, fundas para cadáveres, etc., etc.
La insuficiente capacidad de atención del sistema nacional de salud para atender la inmensa demanda que en tales circunstancias generó una población asustada y que buscó en los hospitales la resolución de cualquier sintomatología respiratoria, ocasionó el colapso de algunos de ellos. Fue entonces cuando el personal de salud, sin protección adecuada, extenuado, mal remunerado y con evidente limitación y carencia de insumos y medicamentos, el que tuvo que hacer frente a la emergencia, con un saldo de numerosos fallecimientos y otras lamentables secuelas orgánicas y psicológicas poco conocidas hasta ahora.
A lo anterior se sumó la acción permanente de algunos segmentos de conocidas organizaciones políticas con gran capacidad de penetración en el pensamiento colectivo que, aunque parezca poco relacionado con la salud de la población, lesionó la integridad emocional de las personas e imposibilitó la construcción de objetivos de beneficio universal, en los que la educación, la salud y la administración de la justicia, se constituyeran en los pilares y los ejes necesarios para desarrollar coordinadamente el accionar de las instituciones del Estado, en busca de su salud y del tan anhelado bienestar social.
A pesar de todo lo expuesto, con la llegada del nuevo gobierno, en 2022, el Ministerio de Salud comenzó a recuperarse poco a poco del caos experimentado durante la pandemia, gracias a la implantación de procesos administrativos en los que la planificación orientada hacia la eficiencia, el control y la evaluación, parecen haber devuelto lentamente la confianza de la población.
Esperemos que el actual gobernante y los nuevos ministros que integren el denominado Frente Social fortalezcan el proceso técnico-burocrático iniciado, para atender las apremiantes necesidades existentes, identificando técnicamente prioridades, construyendo estrategias de intervención y asignando los recursos financieros para enfrentarlas. Entre esas prioridades, a) la implantación de la Historia Clínica Única, accesible en todas las unidades de salud del territorio nacional; y b) la reforma de los procesos de adquisición de medicamentos y demás insumos, materiales, dispositivos, equipos, etc., que actuando sinérgicamente, permitirían por ejemplo, disponer de información sobre patologías prevalentes en el área cubierta por cada unidad; cuantificar la demanda de servicios; identificar medicamentos y cantidades necesarias; pertinencia de la prescripción; control de fechas de caducidad de medicamentos, insumos, etc. En resumen: mejora de la calidad de atención; reducción de costos de operación; satisfacción de la población, erradicación de la corrupción y, recuperación de la confianza y la credibilidad institucional.
PIB/noviembre 27 de 2023