La acreditación de los profesionales de la salud: entre la polémica y la necesidad.

Enrique Terán, MD, PhD

Profesor principal, Universidad San Francisco de Quito – Miembro de Número, Academia Ecuatoriana de Medicina – Presidente, Academia de Ciencias del Ecuador.

El “Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional” se aplica en cumplimiento del artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior -LOES-, que establece que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) aplicará este examen en aquellas carreras que comprometan el interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Además, aprobar este examen es un requisito para ejercer la profesión y para postularse al año de salud rural, proceso a cargo del Ministerio de Salud Pública.

Entonces, el objetivo de la LOES y la función primordial del CACES ha sido tratar de disminuir las brechas entre las diferentes escuelas/facultades de medicina a nivel país. Para ello se han realizado sendos procesos de evaluación, basados en indicadores concretos que se deben cumplir de forma inequívoca y que en último término pretenden que los contenidos y la exigencia sea similar para todos los estudiantes. Se ha hecho particular énfasis en los contenidos mínimos que se deben abordar, en el número de estudiantes por docente, en los sistemas de calificación y por supuesto en la concordancia entre la formación del docente y la cátedra que este dicta.

Visto así, poca diferencia debería hacer estudiar en una escuela/facultad de medicina que pertenece a una universidad pública o privada, o que se encuentre en la capital o en una ciudad en provincia. Por eso, producto del anuncio público hace algunas semanas atrás, por parte del CACES, que en medicina solo el 63.3% de los 2037 postulantes aprobó el examen de habitación, se generó una polémica inmediata, pues según cifras del propio CACES, en 2023 se evaluó a 2488 egresados en medicina y el 71,36 % pasó el examen.

El resultado parece ilógico, hasta que se desglosan los resultados del último examen, ya que en los primeros lugares, se encuentran la Universidad Internacional de Ecuador (privada de Quito), con 100% de aprobación, claro sobre un universo de 16 egresados, luego la Universidad del Azuay (pública de Cuenca) con 94.12% de aprobación, nuevamente sobre un total de 17 egresados, un número que, la verdad, llama la atención, y en tercera posición se ubica la Universidad Central del Ecuador (pública de Quito), con un 86.16% de aprobación en un total de 224 graduados que postularon.

Esto contrasta, completamente, con el 15.88% de aprobación que tuvieron los egresados en el extranjero (27 de 170), un resultado al menos tres veces menor que las universidades nacionales con el desempeño más bajo. Justamente, entre esas universidades con aprobación entre 48% y 60% de sus egresados se encuentran tres privadas ubicadas en Guayaquil, Cuenca y Ambato, y tres públicas de Portoviejo, Manta y Guayaquil.

Por tanto, ¿qué puede justificar esa disminución en la tasa de aprobación de un año a otro? En primer lugar, ahora los evaluados requieren una calificación mínima equivalente al 70% de respuestas correctas, mientras que el año anterior, para aprobar el mismo examen los evaluados necesitaron alcanzar una calificación mínima equivalente al 65% de respuestas correctas, siempre sobre un total de 100 preguntas de opción múltiple. Además, la administración anterior del CACES entregó, a los postulantes en 2022 y 2023, un banco de preguntas, pero la administración actual no lo hizo.

Frente a ello, tanto los postulantes, que no aprobaron, como algunas de las instituciones en las cuales se formaron argumentan que, de las 100 preguntas de opción múltiple, la mayoría fueron casos clínicos para tomar decisiones y demostrar que cuentan con los conocimientos mínimos para ejercer su profesión, por lo que el examen mide principalmente conocimientos teóricos y debería incluir la evaluación de actitudes prácticas y empatía.

Sin embargo, quizás el problema radica en algo más complejo que el puntaje mínimo o el banco de preguntas, sino que tiene que ver con el proceso formativo en sí, pues fue el propio CACES en cumplimiento de lo que versa en la LOES que estableció una serie de “indicadores de calidad” de la educación superior, como por ejemplo la tasa de graduados en relación con los que iniciaron la carrera. Un mecanismo que prácticamente obliga de manera “forzosa” a que los estudiantes no puedan perder los años o salir de la carrera.

Queda claro que, por más alta que intente ser la exigencia en la universidad, la evaluación de su desempeño, por parte del CACES, va a depender de cuantos, de esos otros indicadores no claros, que terminan forzando a los profesores a la elaboración de bancos de preguntas, exámenes remediales, trabajos extras o inclusive curvas de ajuste de calificaciones. No solo para que los estudiantes aprueben, sino para que en las llamadas “hetero” evaluaciones, el docente no salga perjudicado con una calificación baja por parte de sus estudiantes.

Quizás es un buen momento para rever esos criterios de evaluación de las carreras, volverlos más exigentes y tener menos contemplaciones, para que en aquellas instituciones en las cuales menos del 70% de los egresados son capaces de aprobar el examen de habilitación se restringa el cupo de ingreso de nuevos estudiantes por uno, dos o tres ciclos, hasta que se demuestre que sus egresados presentan el desempeño mínimo esperado.

También es un buen pretexto para reflexionar sobre ¿qué hacer con este requisito “nuevo” si cabe la palabra, que los profesionales “un poco” más antiguos no tuvieron que cumplir? Si el objetivo es garantizar una serie de conocimientos mínimos al graduarse, ¿no debería haber una “actualización mínima” de conocimientos que se exija a esos profesionales en ejercicio cotidiano?

Es hora de instar a los cuerpos colegiados, llámense colegios médicos o sociedades médicas, para que instauren procesos formales de capacitación que lleven a la “acreditación” de los profesionales, independiente de que tengan o no una especialidad, y por supuesto a la autoridad sanitaria nacional, en la búsqueda de que sus funcionarios permanezcan en una determinada posición bajo la premisa de que mantienen esa actualización y no que tienen un contrato indefinido que fomente su conformismo científico-profesional.