Enrique Teran, MD, PhD
Colegio de Ciencias de la Salud, Universidad San Francisco de Quito; Academia Ecuatoriana de Medicina y Academia de Ciencias del Ecuador.
No cabe duda de que el consumo de tabaco sigue siendo un grave problema de salud pública, en todos los países de la región, inclusive en aquellos que se jactan de un óptimo control y que han recibido reconocimientos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como es el caso de Panamá.
Lo cierto es que, siguiendo los lineamientos del convenio marco, mismo que se apalanca en grabar con impuestos al consumo, prohibir la publicidad y colocar advertencias sobre el daño a la salud, entre otras cosas, se ha conseguido reducir el consumo, ¡pero de ahí a erradicarlo todavía existe una amplia brecha!
Hay que reconocer también que existe, en cada país y quizás en la propia OPS, un doble discurso entre la afectación a la salud y la recaudación fiscal producto de la venta del cigarrillo. ¿No sería la mejor y más radical medida que se elimine la comercialización de algo “dañino”? No por qué entonces se vulnera el “derecho” que tiene cada individuo a escoger su consumo o no, dicen las autoridades, ¡cuando también se vería afectado el ingreso de fondos al estado!
En este sentido, gran polémica se ha creado en Ecuador a raíz de la promulgación del decreto 645, que hace referencia a eliminar el “incremento” de impuestos al cigarrillo, así como a otros productos, que serían motivo de otro editorial. En todo caso, no se debe hablar de “quitar” los impuestos, porque es incorrecto y tergiversa la información.
Lo que sí está claro es que la cesación tabáquica no es algo fácil de lograr, pues la nicotina, sustancia activa del tabaco, al ser un poderoso estimulante del sistema nervioso (disminuye cansancio, aumenta la alerta, mejora la resolución de problemas y aumenta la velocidad de respuesta) genera dependencia física (necesidad de consumo), a lo cual hay que añadir que produce tolerancia (perdida progresivo de eficacia) lo que explica que el consumo aumente con el tiempo, en busca de mantener la estimulación antes descrita. A esto se debe añadir que el fumador también puede desarrollar dependencia psicológica, relacionada con los efectos de relajación, tranquilidad y supresión del apetito, de la mano del denominado “fenómeno chimenea” que vincula lo anterior con la emisión de humo.
Por eso, el manejo del paciente fumador es complejo, más todavía cuando en el Ecuador, a diferencia de otros países de la región, no se dispone de herramientas para reemplazo a la nicotina (chicles o parches) tampoco opciones farmacológicas (varenicilina o bupropion) que al menos atenúan la dependencia física, siendo necesario apoyo psicológico complementario.
Todo esto para resaltar que vencer al tabaquismo o lograr la verdadera cesación, va más allá de conformarnos con decir “deje de fumar” …, y de forma aún más provocativa: Ud. en su experiencia clínica o en su consultorio, que tasa de éxito tiene?
Los datos provistos por el sistema de salud de Inglaterra muestran que, de cada 10 fumadores, siete no quieren dejar de fumar (libre albedrío) a pesar de reconocer el daño que les provoca. De los tres interesados en la cesación, dos recaen y vuelven a fumar, ¡por lo que solo uno lo consigue!
Es obvio entonces, que hay que intentar hacer algo más, y por ende se debe retomar la discusión científica/técnica, sin sesgos ni tabúes, sobre la utilidad de regularizar la reducción del daño por tabaco.
Así, en el panel titulado «¿Es una obligación moral y ética de los profesionales de la salud promover la reducción de daños?», en el marco del Global Forum on Nicotine (GFN) 2023, celebrado del 21-24 de junio en Varsovia (Polonia), se ha reclamado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a las autoridades sanitarias de los países Iberoamericanos que respalden la reducción del daño como una vía válida en la lucha contra el tabaquismo con el objetivo de equiparar el existo logrado por Suecia, que al tener una tasa de fumadores cercana al 5%, será el primer país realmente libre de humo.
Pero en América Latina, países como México, Brasil y Argentina van en el sentido contrario, al pensar radicalmente que permitir o, mejor dicho, regular la comercialización de dispositivos de daño reducido (cigarrillo electrónico o vapeadores), va a incrementar el consumo, sobre todo entre los adolescentes. Esto lo que provoca es un mercado ilícito, con el riesgo sanitario y la afectación fiscal que implica.
Otros países, como Colombia o Costa Rica, con un criterio más amplio, están discutiendo en sus cámaras de diputados proyectos de ley, tendientes a normar el uso de estos dispositivos, al tiempo que los mismos no se conviertan en objetos de lujo, perdiendo el objetivo que es ayudar al fumador a lograr la cesación.
En el Ecuador, penosamente, el propio ministro de salud, ex presidente de la liga anti tabáquica se refiere a estas estrategias como tan nocivas como el mismo cigarrillo y habla de engaño o estrategia de los fabricantes para promover más consumo. Dejando en desamparo, por lo tanto, a esos fumadores existentes, a los profesionales de la salud que los atienden y permitiendo que la falta de regulación pueda hacer de las suyas.
En todo caso, se viene en noviembre próximo en Panamá la “10ma reunión de los entes de control”(COP10 - por sus siglas en inglés de Conference of the Parties), que a su vez forma parte de la “Convención Marco sobre Control de Tabaco” (en inglés Framework Convention on Tobacco Control) y ojalá los países signatarios, que tienen el desafío y la obligación de buscar el bienestar de sus ciudadanos, envíen representantes con conocimiento científico/técnico, a fin de avanzar de forma positiva en un tema tan trascendente.
Panel ¿Es una obligación moral y ética de los profesionales de la salud promover la reducción de daños?, realizado en el 10mo Foro Global sobre Nicotina en Varsovia, Polonia. Desde la izquierda Carmen Escrig (España), Silvia Cazenave (Brasil), Fernando Fernandez Bueno (España), Diego Verrastro (Argentina), Roberto Sussman (México), Enrique Terán (Ecuador), y Randall Rodríguez (Costa Rica).