Dr. Victor Manuel Pacheco
Ex-Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología
Miembro del Consejo Consultivo de la Redbioética UNESCO
Miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina
La Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología publicó, hace pocas semanas, el “Consenso Interdisciplinario Sobre el Manejo Integral de Obesidad en el Paciente Adulto”, que actualizó, al 2024, el de 2001 de la misma Sociedad.
Los datos epidemiológicos de prevalencia de exceso de adiposidad en el Ecuador son alarmantes. A 2024 más del 60% de la población ecuatoriana adulta cumpliría criterios diagnósticos de sobrepeso u obesidad; cerca del 6% de niños hasta los 5 años y del 15% de entre 5 y 11 años tendrían obesidad. Las investigaciones demuestran predominio del sexo femenino, de las zonas urbanas sobre las rurales, de las grandes ciudades sobre las pequeñas, y de la Costa sobre la Sierra. 4 de las 5 principales causas de muerte general, excluyendo la violencia, se relacionarían con ella.
Pacheco y Acosta, a partir de datos del Banco Mundial, encuentran que el costo económico total (directo e indirecto) de la obesidad y comorbilidades fue para el Ecuador de 2350 millones de dólares en 2020, es decir el 2.36% del PIB, y que para 2030 sería de 3930 millones o el 2.97% del PIB.
Así el discurso sobre obesidad en el país es notoriamente susceptible al lenguaje moral colectivo e individual, dado que es un tema donde lo biológico está traspasado por la estructura socioeconómica, las conductas, la cultura y por hábitos y formas de vida.
Cuando se califica como enfermedad el exceso de adiposidad, éste se convierte en condición médica y el gordo será un paciente que sufre, y que como tal requiere y exige asistencia sanitaria que, por ley, tiene el Estado la obligación de proporcionarla de buena calidad e integral.
Con los datos epidemiológicos, las preguntas macrobioéticas son múltiples: ¿qué significaría definir a dos tercios de la población del país como pacientes crónicos –por sobrepeso u obesidad- que necesitarían intervención sanitaria y ayuda especializada? ¿cuál debe ser la preocupación del Estado por los posibles incrementos de comorbilidades, de expansión de los costos en salud, y por la reducción de productividad, capacidades y oportunidades y de expectativa de vida de los afectados? ¿el Estado debe actuar solo como consejero e informante o debe aplicar medidas concretas, regulatorias y obligatorias para desarrollar procesos sociales y políticas dirigidas a mitigar o eliminar factores obesogénicos? ¿debe haber una injerencia proactiva –o aún coercitiva- del Estado en los programas de salud poblacional en relación a patrones de alimentación y de actividad física? ¿cuál sería ésta, sin que afecte los derechos de las personas: a la libre elección al intentar imponer modelos hedonistas y de estilo de vida; al derecho a un trabajo digno ante la posible pérdida de puestos de trabajo; y sin que una mayor carga impositiva resulte regresiva e injusta para los quintiles poblacionales de menores ingresos?
Debemos entender que enfrentar la “epidemia de obesidad” que resulta del contagio social, debe ser contextual a encarar condiciones socioeconómicas desfavorables, orientaciones culturales de globalización y transculturación, y tradiciones sociales e idiosincrasias familiares e individuales. Factores todos que dependen de los valores y principios bioéticos: autonomía, protección, beneficios, daños, riesgos, y justicia.
Se pueden señalar como políticas públicas direccionadas intencionadamente a disminuir la prevalencia de obesidad en la población general, con resultados demostrados en grado variable en la reducción de los índices epidemiológicos:
Mayor carga fiscal (impuestos) a los alimentos que se han demostrado obesogénicos (alimentos “no saludables”, con mayor densidad energética) con la intención de reducir su demanda;
Restricción directa del acceso (venta y distribución) a alimentos con contenido elevado de azúcar o grasas en poblaciones en situación de vulnerabilidad mayor, como escolares.
Limitación de la publicidad de productos y actitudes obesogénicos (horarios y prohibición del uso de iconos para hacer su promoción).
Etiquetado de los alimentos, ubicando en lugar visible advertencias sobre el contenido proporcional de componentes considerados “no saludables” (azúcar, grasas, sal).
Educación nutricional direccionada a la población general a través de campañas permanentes y variadas de información dirigidas a adultos; y en niños y adolescentes como elemento curricular.
Subvención / promoción de alimentos saludables anti-obesogénicos o no-obesogénicos.
El enfoque contemporáneo para enfrentar la realidad epidemiológica desde la macrobioética, es considerar a la obesidad como un problema social y político con compromiso médico, más que como un problema médico con afectación social. ¿Cuáles son las respuestas a las interrogantes bioéticas que se plantean? ¿Cuál, o cuáles, de las políticas públicas practicadas en otras naciones aplicará el Ecuador? ¿Habrá la voluntad y fortaleza políticas para su implementación? ¿O seguiremos anclados en medidas coyunturales ineficientes o inexistentes que nos lleva al apocalipsis adiposo? Es el Estado ecuatoriano, y no solo el Ministerio de Salud Pública, quien deben responder a estos cuestionamientos.
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