CONFORMAN GRUPO DE “PROFESIONALES POR LA SALUD Y LAVIDA”

Un grupo de prominentes Profesionales de la Salud, de amplia, honesta y reconocida trayectoria en este campo, se han unido para conformar el colectivo PROFESIONALES POR LA SALUD Y LA VIDA, este es “un grupo de estudio, trabajo y acción para, en ejercicio de los derechos ciudadanos, exigir a los mandatarios el cabal cumplimiento de las responsabilidades que, en materia de salud pública y bienestar social, se encuentran claramente definidas en la Constitución de la República”


Profesionales por la Salud y la Vida. De izquierda a derecha: Dr. José Eras, Dr. Gil Bermeo, Dr. César Ruano, Dr. Alberto Narváez, Dr. Gabriel Ordóñez, Dr. Pio Sempértegui y Dr. Pedro Isaac Barreiro


Manifiesto


En un manifiesto que se encuentra circulando para dar a conocer la creación del grupo se menciona que “Ante el evidente y progresivo abandono del cuidado de la salud de la población ecuatoriana por parte del Gobierno Nacional, se constituye el grupo PROFESIONALES POR LA SALUD Y LA VIDA.

A continuación, damos a conocer sus principales demandas y ámbitos de acción:

Demandan la formulación, puesta en vigencia, ejecución, control de cumplimiento y evaluación de una Política Nacional de Salud que, independientemente de banderías políticas partidistas, garantice a la población ecuatoriana permanentes y progresivas acciones en las grandes áreas del fomento, la promoción y la recuperación de la salud, así como en la prevención de la enfermedad y la rehabilitación de quienes necesiten de ella.

Rechazan la administración corrupta enquistada en diversas instituciones públicas y privadas de nuestro país y exigen entereza y celeridad en el accionar gubernamental para su urgente detección, ejemplarizadora sanción y erradicación, en salvaguarda del bienestar al que todos tenemos derecho.

Demandan urgente y especial atención a la crítica situación financiera, administrativa y prestacional, derivada de la perniciosa injerencia política en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha puesto en peligro inminente la atención a la salud y el cumplimiento del pago de pensiones a más de 480.000 jubilados. Denuncian la pretensión de tomar dinero del Instituto para financiar la atención de la salud de no afiliados.