A finales del mes de septiembre el presidente Lenin Moreno anunciará el veto parcial o total del Código Orgánico de la Salud (COS) que fue aprobado el pasado 25 de agosto en la Asamblea Nacional, después de casi 10 años en discusión.
En este contexto varios sectores han expresado su malestar y puntos de vista alrededor de este documento legal que contiene 405 artículos, 3 libros, uno de la estructura del sistema de salud, dos sobre el cuidado de la salud y 3 libros de control de sanciones, que abordan varias temáticas que han causado polémica: fortalecimiento del primer nivel de atención, prevención y promoción de la salud, los derechos que garantizan el acceso a la salud, confidencialidad de la información o del tratamiento prestado, las funciones del Consejo Nacional de Salud, métodos anticonceptivos y planificación familiar, regulación de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, semáforo nutricional para alimentos y bebidas, y sanciones por la práctica sanitaria.
Un código que responda a las necesidades del país apegada a la realidad del sistema nacional de salud, es lo que alegan los grupos gremiales, órganos de control con independencia, estabilidad laboral y despenalización de la actividad médica. Activistas de derechos humanos, sugieren que el código aún requiere una revisión apegada a la Constitución, para temas de regulación para reproducción asistida, planificación familiar, aborto, cambios radicales y necesarios, cuando se trata de proteger derechos humanos de mujeres y niñas.
El común denominador de todos los sectores incluyendo la Academia y organizaciones de la sociedad civil es que no han sido tomadas en cuenta sus contribuciones y solo han sopesado las opiniones de representantes del gobierno y del Ministerio de Salud Pública, con una visión sesgada para el proceso de reforma de esta Ley.
Un sistema de salud bien estructurado serviría para organizar y financiar mejores servicios de salud, extender su cobertura, procurar el acceso equitativo de los ciudadanos y proveer protección especial para los grupos poblacionales más vulnerables, pero en el país se sigue priorizando el tratamiento y la compensación que demanda infraestructura y especialización hospitalaria, por encima de la atención preventiva y de promoción de la salud.
Olvidan que la base de todo el sistema es el capital humano, los profesionales de la salud que son quienes entregan su conocimiento y servicio al sistema de salud con cobertura nacional, no tienen apoyo gubernamental para su formación especialmente en la educación pública.
Desde la Academia, hay 3 puntos que solicitan que se tomen en consideración, primero que la formación está a cargo de las universidades del país regidas por el Consejo Superior de Educación, sin embargo el COS da atribuciones a otras entidades del gobierno como el Ministerio de Salud, para coordinación, formulación y evaluación de la formación del talento humano, que a través de una comisión interinstitucional se encarga de determinar los estándares de calidad, las mallas curriculares, el enfoque y pertinencia social y técnica de formación del personal de salud, que son funciones propias de las universidades y deberían estar a cargo del Consejo de Educación Superior.
En segundo lugar, se conoce que las instituciones de salud del Estado e incluso las privadas, son un apoyo importante para la formación de los estudiantes que hacen sus prácticas en estas dependencias de salud y después siendo profesionales ejerciendo como internos rotativos, médicos residentes, en un proceso recíproco en donde las instituciones del Estado cumplen sus funciones para el reconocimiento económico por el trabajo entregado y las universidades su función de formación, en beneficio mutuo. Sin embargo, en el COS cambia esta realidad y atribuyen a las instituciones de educación superior que reconozcan a los establecimientos de salud, el valor correspondiente por dichos procesos de formación y prácticas profesionales, desconociendo el recorte presupuestario de las universidades públicas del país, situación que agudizaría la crisis financiera de estas instituciones, cuyos estudiantes no pagan por su formación.
Y el tercer punto y más importante a tratar, es la bioética, principalmente en cuanto a investigación científica. Se conoce que un trabajo de investigación debe ser aprobado y tener el aval de un comité de bioética, primordialmente cuando hay intervenciones en seres humanos. El COS sostiene que la comisión de bioética en salud sea parte de la autoridad sanitaria con competencia a nivel nacional, para reconocer y estudiar aspectos bioéticos, asesorar y emitir recomendaciones para todo el sistema nacional de salud.
Este centralismo no tiene un beneficio y apoyo sustanciales para dar viabilidad científica a los investigadores ecuatorianos, porque podría ocasionar demoras por la gran demanda de revisiones y porque no cuentan con el personal con conocimiento para cubrir todas las áreas médicas. En este contexto lo que solicita la Academia, es que se respete la autonomía de las universidades para que formen sus comisiones de bioética, de acuerdo s disposiciones nacionales y garanticen el nivel de profesionales que están calificando actualmente los trabajos de investigación.
Finalmente, se pide respeto a la medicina científica que no se equipara a la medicina ancestral que tiene su esencia propia y es respetada de igual forma, y que se respete el derecho de los ciudadanos de elegir, estas dos ramas pueden servir de complemento, pero no deben ser tratados como alternativa, porque se está desconociendo años de formación y práctica científica. Porque si estuvieran en iguales circunstancias, también deberían someterse en igual condición al régimen legislativo y a los artículos sancionatorios del COS, pues esta Ley no contempla a eventos fallidos en la medicina alterativa.
NOTA: Este es un extracto que recopiló los principales puntos de vista presentados en un foro organizado por la Universidad Central del Ecuador que reunió a representantes de instituciones relacionadas con el sector de la salud: Dr. Alberto Narváez, ex Presidente de la Federación Médica Ecuatoriana; Dra. Ana Cristina Vera, Activista defensora de derechos de las mujeres; Dra. Alejandra Cantos, representante de la Asamblea Nacional; Dr. Víctor Álvarez, Presidente del Colegio Médico de Pichincha; Dr. Ramiro Estrella. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas del Universidad Central del Ecuador. (Noticiero Médico)
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